La Ciudad desplegó un amplio operativo contra el circuito de comercialización y reparación de teléfonos de procedencia ilícita en el barrio de Once. Se secuestraron 75 celulares, repuestos y herramientas, y una mujer quedó imputada luego de llevar a reparar un equipo que tenía una denuncia por robo.

El Gobierno de la Ciudad clausuró una galería comercial y diez locales en Once durante un operativo contra el circuito de compra, reparación y reventa de celulares robados, realizado luego del decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que endurece los controles sobre este tipo de establecimientos.

El procedimiento fue llevado adelante por inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) junto con efectivos de la Policía de la Ciudad en distintos puntos considerados de alta criticidad. Los operativos se realizaron en locales de avenida Corrientes al 2100, Junín al 3003, la Galería “La Juanita”, ubicada en avenida Pueyrredón 9, la Galería “La Internacional”, de Corrientes 2330, y la galería comercial “La Recova”, en Azcuénaga y Pueyrredón.

En total, fueron clausurados diez locales y una galería, mientras que los agentes secuestraron 75 teléfonos celulares, módulos, repuestos y herramientas que no pudieron acreditar su procedencia legal.

Uno de los procedimientos más relevantes se concretó en el local 47 de la Galería “La Recova”. Allí fueron incautados 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura. Entre los teléfonos había un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung que figuraban con denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El operativo tuvo además una situación particular: en pleno procedimiento, una mujer ingresó al local para solicitar la reparación de un teléfono. Los agentes verificaron el equipo y descubrieron que también tenía una denuncia por robo. La Justicia dispuso su imputación, al igual que la del encargado del establecimiento, un hombre de 44 años de nacionalidad peruana.

Para el Gobierno porteño, el episodio expone el funcionamiento de un circuito que comienza con el robo de los dispositivos y continúa con su reparación, desarme y posterior comercialización en locales que no pueden acreditar el origen legítimo de los equipos y repuestos.

“Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”, sostuvo Jorge Macri al referirse al operativo.

Las nuevas medidas para controlar el mercado de celulares usados

El decreto establece por 90 días la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad. Durante ese período se reforzarán los controles y se realizarán operativos coordinados entre la AGC y el Ministerio de Seguridad.

Además, los comercios deberán acreditar el origen legítimo de los teléfonos, partes y repuestos que tengan para la venta o reparación. La AGC podrá clausurar aquellos establecimientos que no puedan justificar la procedencia de los productos.

La normativa también establece un registro de trazabilidad para las actividades vinculadas con la reparación y comercialización de celulares usados y delimita las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”, determinadas a partir de la concentración de delitos, denuncias, secuestros de equipos, investigaciones y antecedentes de incumplimientos.

Las primeras zonas alcanzadas por las medidas son Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

Durante la emergencia, además, quedará suspendido en esos sectores el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones para la actividad, las transferencias de habilitaciones y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

El Gobierno porteño enmarca estos operativos dentro de una política más amplia de control y seguridad que también contempla procedimientos de saturación en distintos barrios, recuperación de inmuebles usurpados, desalojos de manteros y controles sobre construcciones en zonas consideradas de riesgo.