Crimen de Diego Fernández

El juez pidió reformular la acusación por encubrimiento al ex compañero

El juez a cargo del caso por el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en Coghlan, solicitó al fiscal que aclare y precise los hechos por los que se imputa al excompañero de la víctima, en cuya casa se encontró el cuerpo. La decisión del magistrado busca asegurar el debido proceso y evitar futuras nulidades antes de avanzar con el pedido de indagatoria por «encubrimiento agravado y supresión de evidencia».

La resolución judicial destaca que si bien el dictamen fiscal detalla la prueba y las acciones del sospechoso, no efectúa una imputación clara y concreta, lo que podría afectar el derecho de defensa del acusado. El juez indicó que la fiscalía atribuyó al imputado maniobras realizadas tanto antes como después del 20 de mayo, fecha en que se encontraron los restos, y consideró que no se habían determinado los hechos de forma precisa.

El caso de Diego Fernández Lima se remonta al 26 de julio de 1984, cuando desapareció a los 16 años al salir de su casa para visitar a un amigo. Su desaparición fue reportada a la policía, que la caratuló como «fuga de hogar». Sus padres y hermanos lo buscaron incansablemente, sin éxito.

El 20 de mayo de 2025, un grupo de obreros que trabajaba en una casa lindera a la del excompañero de la víctima, en la avenida Congreso, descubrió restos óseos al producirse un desmoronamiento de tierra. La investigación quedó a cargo del fiscal, que solicitó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los especialistas forenses determinaron que la víctima fue asesinada de una puñalada en el tórax y enterrada a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa. El hallazgo de un reloj con calculadora y otros objetos permitió a la policía vincular el caso con la década de los 80. La difusión mediática llevó a un sobrino de la víctima a sospechar que podría tratarse de su tío desaparecido. La prueba de ADN con la madre del joven, que hoy tiene 87 años, confirmó la identidad de los restos.

El fiscal, tras tomar testimonios a allegados de la víctima y a los obreros, imputó al excompañero por «encubrimiento agravado» y «supresión de evidencia», alegando que buscó silenciar el crimen. El sospechoso había dado varias versiones para explicar la presencia de los huesos, sugiriendo que el lugar había sido una iglesia con un cementerio, un establo o que los huesos podrían haber llegado en un camión de tierra.

 

 

 

 

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